La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, firmarán este miércoles un convenio para trabajar de forma conjunta en la asistencia de los vecinos de la sirga del Riachuelo afectados en la Causa Mendoza. Debido a la envergadura de la tarea y tratándose de un caso de relevancia social, los Ministerios Públicos de la Defensa de Nación y Ciudad unirán sus esfuerzos para que se hagan efectivos los derechos de esta población.
Ambas instituciones ya se encuentran abocadas a esta tarea con equipos de trabajo específicos destinados al abordaje institucional en los procesos de urbanización de villas y asentamientos y de relocalización de personas, llevados adelante en el marco de la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La coincidencia de los objetivos institucionales y la conveniencia de una intervención conjunta de ambos equipos de trabajo, así como la experiencia en las tareas desarrolladas, hace propicio formalizar este nuevo acuerdo específico complementario del Convenio marco celebrado en 2010.
A través de este nuevo convenio, las Defensorías se comprometen concretamente a realizar en forma conjunta el abordaje territorial y extrajudicial de los vecinos de la sirga del Riachuelo y de los vecinos de los conjuntos habitacionales donde sean relocalizados. Además, acuerdan intervenir en forma conjunta en la asistencia de los vecinos involucrados, como así también promover, intervenir y requerir en conjunto las medidas que estimen conducentes en la causa.
El convenio se firmará el miércoles 15 de octubre a las 11 en el Playón del destacamento de la Prefectura Nacional ubicado en Av. Pedro de Mendoza al 1200, en el barrio de La Boca.
Relocalizaciones y urbanizaciones
El 8 de julio de 2008, la CSJN dictó un fallo histórico en la causa “Mendoza” condenando al Estado y ordenándole recomponer el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la Cuenca Matanza Riachuelo.
La sentencia involucra a tres jurisdicciones estatales (Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Y 14 municipios (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora -en la cuenca baja- Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Merlo y Morón -en la cuenca media- y Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, Las Heras y Marcos Paz -en la cuenca alta-)
En lo referente a las relocalizaciones y urbanizaciones según el convenio marco subscripto en 2010 por todas las jurisdicciones antes mencionadas son 17.771 las familias afectadas, de las cuales el Gobierno de la Ciudad debe relocalizar un total de 2.527 familias. A la fecha, el GCBA ha relocalizado sólo alrededor de 400 familias en complejos ubicados en la Comuna 8, que es la que posee los mayores problemas habitacionales y sociales dentro de la Ciudad.
